El caos presupuestario Pedro Montes

La confusión que existe sobre la situación presupuestaria y la orientación de la política fiscal no desmerece, forma parte y completa el gran desbarajuste que existe sobre la  crisis y la política económica del Gobierno. Pocas veces la desinformación y el desconcierto han conformado un magma tan indescifrable. A estas alturas, se pronostica que el déficit público en 2009 registrará un aumento enorme y alcanzará un nivel inédito, que se  evalúa en el 10% del PIB, frente al 3,8% del año pasado. De no corregirse, se está cebando una bomba de relojería en el marco de una crisis internacional que ha acrecentado las dificultades de financiación, aunque fuera de esto poco más se sabe. Las grandes partidas de los ingresos, IVA, IRPF e impuesto de sociedades están cayendo intensamente como consecuencia del hundimiento de la actividad y el consumo.

 

Por otro lado, los gastos públicos están aumentando de manera importante, entre otras razones por cierta política fiscal expansiva, pero no es posible evaluar el monto de los gastos comprometidos, ni el grado de ejecución de dichos compromisos, ni el alcance de su impacto en la economía. A ello cabe añadir el embrollo de las medidas para hacer frente a la crisis financiera, algunas  de las cuales no implican gastos por el momento, como los avales, y otras los generan, como las ayudas a la Banca y Cajas y el salvamento de CCM, o el nuevo Fondo de rescate, pero sin estar claro a cargo de quien corren, quien los recibe y en concepto de qué.  Domina una opacidad densa, en parte propiciada por el Gobierno, cuya política para afrontar la crisis no es tal, sino una cadena de ocurrencias inconexas, improvisadas y contradictorias, que lo mismo se dirigen a subvencionar la venta de automóviles que a reducir el consumo elevando los impuestos del tabaco y la gasolina. Así es imposible evaluar la situación  y entender lo que por parte del gobierno se pretende conseguir,  lo cual, como es evidente, no es inocuo para la propia crisis.

 

En resumen, creo que actualmente nadie está en condiciones de interpretar en qué consiste la política fiscal del Gobierno. Es incuestionable que el sector público está desempeñando un papel expansivo  por la magnitud del déficit, pero no se sabe en qué medida se debe al impacto de la crisis en los ingresos y gastos públicos, lo que se suelen llamar los elementos anticíclicos automáticos del presupuesto, y en qué medida es reflejo de decisiones políticas dirigidas a combatir la crisis. Mas aún: es difícil interpretar el sentido del combate, si toca avanzar o retroceder, pues, por ejemplo, del mensaje evangélico de “id y consumir” se ha pasado sin solución de continuidad a postular la austeridad.

 

Si nos adentramos en los años siguientes, la confusión se transforma en una caja negra que no emite señal alguna sobre lo que ocurrirá y lo que pretende hacer el Gobierno. Ya veremos en otoño si con motivo del nuevo presupuesto se hace la luz. En descarga de aquél, una vez puesta de manifiesto su mayúscula incompetencia hace apenas un año a la desaceleración era exagerado llamarla crisis y la nueva ocurrencia de la designación, no para dirigir sino para ser dirigida, de la señora Salgado como ministra de Economía y Hacienda, se puede afirmar que la situación es tan compleja, si se quiere tan inmanejable, que el Gobierno sólo está en condiciones de tomar desesperadas y espasmódicas medidas, como haría alguien que no sabe nadar chapoteando en un mar agitado. Después de todo, se trata nada menos que de lograr la cuadratura del círculo: corregir el déficit público en medio de una profunda crisis.    

 

Así, parece que debe impedirse por todos los medios que el déficit siga creciendo y esto requiere aumentar los impuestos -no entramos a considerar cuáles-, pero la elevación de los impuestos es una medida que puede dañar la recuperación de la economía, lo cual tendría efectos sobre los propios ingresos públicos. También sería aconsejable estimular la demanda para impulsar la actividad, pero ¿cómo hacerlo desde el sector público sin agravar la situación de un déficit ya insostenible?  Dicho esto, la política defendida por el PP, su panacea,  de reducir los impuestos tiene el grave inconveniente de incrementar el déficit público (a menos que vaya acompañada recortes que este partido no aclara) y es ilusorio pensar que contribuya a paliar la crisis, pues ésta nada tiene que ver con una crisis de oferta o de rentabilidad sino con una crisis financiera que ha desarbolado y está destruyendo el tejido productivo.

 

Las cuestas del sector público

 

El lío es gordo, muy gordo, al punto que cuando se recuerda al presidente Zapatero alardear de la saneada situación del sector público por el buen hacer del  gobierno al manejar las recursos públicos y las ventajas comparativas que teníamos para afrontar la crisis, u otros desvaríos de parecido carácter,  es normal que todas sus declaraciones carezcan de credibilidad y el desconcierto se adueñe de los ámbitos económicos. Parece evidente que como mejor está Zapatero es callado.

 

Todo son incógnitas sobre lo que sucederá a las cuentas del sector público en el próximo futuro.  El Presidente ha declarado que su política estará dirigida a conseguir en el año 2012 el equilibrio presupuestario –¿o se trata  de la estabilidad presupuestaria con el margen del 3% de déficit?-, pero esto no pasa de ser otra ocurrencia. Primero,  porque para conseguirlo, este objetivo debiera estar encuadrado en un proyecto de actuación más general del Gobierno para lograr una determinada evolución de la economía, que no existe. Y segundo,  porque se  trata de un objetivo inalcanzable bajo cualquier supuesto razonable de política fiscal. No existe posibilidad alguna de que se produzca una recuperación de los ingresos públicos, con o sin reformas fiscales, para  anular un déficit de la magnitud del que se alcanzará este año y el siguiente.

 

Las cifras se pelean entre sí sin pudor alguno, en la vorágine de declaraciones y pronósticos que se llevan a cabo sin base alguna. Frente al objetivo de Zapatero de equilibrio presupuestario, en el cuadro macroeconómico recién elaborado por el Gobierno se recoge que el déficit público será en 2012 del 3% del PIB. Frente a la caída que recoge ese cuadro del déficit en el año 2010, del 7,9% del PIB, la OCDE lo eleva y lo sitúa en el 9.6%. El acuerdo mayoritario del Congreso, pendiente de ratificación tras el rechazo del Senado, limitando el crecimiento de los  gastos no financieros en 2010 no tiene categoría de noticia: a estas alturas, sin saber que ocurrirá a lo largo de lo que queda de este año y el próximo, algo así no pasa de ser una mera anécdota.

 

Y hasta ahora hemos hablado de cuestiones económicas, pero si introducimos también las condiciones políticas el resultado es un cambalache que no tiene interpretación alguna, en el sentido comentado de no saberse en que consiste la política fiscal del gobierno. Estando en minoría parlamentaria, necesitado desesperadamente de apoyos, sufriendo  presiones y demandas de gasto de todo tipo, actúa haciendo cabriolas y firmando acuerdos evanescentes, que añaden confusión, desconfianza e incertidumbre, reforzándose la opinión de que el país anda sin dirección política en medio de una crisis económica devastadora.

 

El lector preguntará entonces qué es lo que debería hacerse. No hay solución fácil a este embrollo, pero si hubiera que aconsejar a un gobierno del PSOE o del PP, que a los efectos de estos asuntos económicos es prácticamente lo mismo, y conociendo los intereses supremos que deben garantizarse, los emplazaría a lo siguiente: hay que procurar  que las secuelas de la crisis no generen  un grado tan agudo de desesperación  que haga prender las llamas del conflicto social y político. Para ello es necesario incrementar los gastos sociales de protección y redistribución e impulsar reformas progresivas de los impuestos. Los sacrificios exigidos a los poderosos y acomodados son pequeña cosa,  por molesta que sea,  comparada con los riesgos de que todo se vaya al traste. Hay mucho camino por recorrer, pues los  gastos sociales en relación con el PIB están siete puntos por debajo de la media de la UE, y muchas situaciones dramáticas que aliviar, pues más de cuatro millones de parados sin esperanza son muchos parados.

 

*Pedro Montes es economista